La corrupción militar del Gómez Ulla, muy levemente penada

Imagen de Ricardo Ricote Rodríguez

Fuente:  ElConfidencial.com

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es un horror.  No paran de salir noticias sobre su mala gestión, despilfarros y corrupción.  Y nosotros mismos hemos ido informando de ello en varias noticias.  Convendría más cerrarlo y traspasarlo a la medicina civil porque la gestión de los militares es pésima y corrupta, como dice la noticia que comentamos.

Siempre hemos estado en contra de la Justicia Militar.  Muchas veces hemos argumentado que no puede ser muy objetiva al juzgar a sus propios compañeros de armas.  Pero esta vez tenemos que reconocer que han hecho su trabajo:

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.– han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense.

Otra cosa es que remarquemos que el Tribunal Militar ha elegido el tramo bajo de las penas a imponer.  Será, suponemos en primera instancia, que no era tan grave la corrupción, que no habían defraudado tanto al erario público y que no se habían enriquecido tanto los corruptos oficiales.  Bueno, fijémonos en los delitos para ver si estos y las penas van de la mano, o se ha vuelto a hacer una condena poco dura a los corruptos por el simple hecho de ser militares:

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio.

Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Vemos que el caso fue denunciado en 2014 y recién se dicta sentencia en 2017.  Tres años de retraso, que vemos, con desagrado, que también existe y mucho en el ámbito militar.

¿Qué hacían los corruptos militares?  Pues lo que los demás corruptos:

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con «los años más duros de la crisis». Además, llevaron a cabo «contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional», que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados «hinchaban» los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran «beneficios exorbitantes«, remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

En muchas ocasiones la corrupción acaba o termina en el despilfarro militar de lo público:

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. «Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza» hacia la sociedad ‘amiga’ de los licitadores. «Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas», resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

Como no podía faltar nada en una trama de este estilo, también circulaban los sobres repletitos y los regalos en especie:

El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

Si no existe una auditoría independiente del manejo del dinero en el Ministerio de Defensa seguirán dándose circunstancias como estas, que también resalta El Confidencial.com en otra noticia:

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

 

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería).

Los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

No sabemos ustedes, pero nosotros pensamos que si el castigo es sólo el dictamen del Tribunal Militar, bien poca pena es.  Es decir, vale la pena, pensarán los corruptos militares, el mal trago de algunos meses, porque no llegarán a cumplir los tres años que es la máxima pena fijada.

Y siempre les queda la esperanza de alcanzar algún indulto.  ¿Por qué no, pensarán?

¿Es justa la justicia militar?  ¿Es oportuna?  O ¿es una mera pantalla para ocultar lo que hay detrás del militarismo patrio?

Share

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto:
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed