Los tribunales militares protegen a los pilotos militares que han hecho un fraude masivo

Imagen de Javier Aroche

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Fuente:  El País.

El fraude de casi 100 pilotos del Ejército del Aire que aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnización por cambio de residencia se va a saldar, únicamente, con multas de 5.000 € y sin penas de cárcel gracias a un pacto al que han llegado la Fiscalía Militar con los acusados.

Parece ser que el monto del fraude no es pecata minuta (suponemos que no les han a poco más de lo que defraudaron, así que aproximamos cálculos):  100 pilotos por 5.000 € cada uno nos dan 500.000 € que engañaron al Ejército del Aire y a todos los españoles.

En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace más de cinco años.

Los casos nos parecen graves y la sanción nada ejemplarizante, con el peligro de que se puede animar a muchos militares a seguir delinquiendo de esta manera.

El sargento M. A. ha reconocido que cobró en 2012 una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidió para el suboficial una condena de dos meses y 15 días de prisión, frente a la pena mínima de tres meses y un día y máxima de 10 años de cárcel prevista en el artículo 81 del Código Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial reparó el daño, pues devolvió el dinero antes de la celebración del juicio oral (aunque después de que se abriera la investigación), y le aplicó también la atenuante de dilación indebida del procedimiento, pues este se inició en agosto de 2012 y duró cuatro años.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambió su petición de prisión para el suboficial por una multa de 150 días, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

Pero esto no es todo.  Nos parece igual de grave lo que hizo el Tribunal Militar Central para evitar que el Ejército del Aire se viese inmerso en un macroproceso con decenas de mandos sentados en el banquillo:

el Tribunal Militar Central decidió en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continuó aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposición de módicas multas y sobreseimientos.

Todos han colaborado para salvar el buen nombre y la operatividad del Ejército del Aire:

El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ejército del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un día de cárcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscalía pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos debería sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel, lo que podría dejar sin pilotos a algunas unidades.

 

El razonamiento del Tribunal Militar Central es bastante grosero porque hay un teniente que cobraba una comisión del 25 % y que es considerado el cerebro de la trama:

El Juzgado Togado Militar Central número 2 dictó en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ejército del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revocó y ordenó dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en función del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas públicas, sino que seguían el patrón de una picaresca individual.

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Según el auto dictado en su día por el juzgado militar central, eran un teniente y un capitán quienes se encargaban de contactar con los pilotos recién salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnización que percibirían por una mudanza que nunca tendría lugar.

El troceamiento ha acabado multiplicando los acusados:

el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial número 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investigó el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.

Y es que parece que la Justicia Militar es, primero, Militar, y luego, si hay ocasión Justicia.

La solución deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisión del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

Y

Una compañía de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), alegó que lo que entregó no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase más de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podría ser acusadas del delito cometido por los militares, sino también de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habrían declarado dichos ingresos a Hacienda.

Si no se trataba de facturas legales, también podrían haber incurrido en negligencia o complicidad los órganos de control del Ejército del Aire que las dieron por buenas.

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