Sin novedad en verano: el descaro en las compras de armas sigue en aumento

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Por Septem Trionis

Fuente: El País

Ahora es el Tribunal de Cuentas el que desenmascara el supino morro de las políticas de enriquecimiento sin fin para las empresas militares que practica nuestra costrosa casta política.

Explica este órgano en su «Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS)» (informe 1155 de 30 de junio) con pelos y señales las argucias que se utilizan para, sencillamente, enriquecer a las industrias militares.

El informe es, leído en su integridad, una verdadera denuncia de las irregularidades de la contratación de los sistemas de armas de los ejércitos españoles y en nuestro criterio exigirían responsabilidades al más alto nivel, pues en definitiva muestran el saqueo al que nos someten en su propio beneficio, generando una deuda inmoral e impagable.

Dice en sus conclusiones cosas que nosotros ya hemos denunciado tantas veces como, por ejemplo

  1. Se usa una artimaña para engrosar y ocultar el gasto de defensa, concertante en armamento, mediante triquiñuelas leguleyas que, además, generan deuda pública de forma brutal:
desde el ejercicio 2012 se vienen aprobando anualmente para el presupuesto del Ministerio de Defensa, concretamente para sufragar su financiación, créditos extraordinarios mediante Reales Decretos-Ley que modifican las Leyes de Presupuestos, apelando a razones de extraordinaria y urgente necesidad y cuya financiación se realiza mediante Deuda pública
Estas modificaciones presupuestarias, a pesar de que se refieren a operaciones no financieras del presupuesto, se financian mediante la emisión Deuda pública y no con cargo al Fondo de Contingencia
y
Sin embargo la situación jurídico-financiera de los PEAs no era, ni es, en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario. Este tipo de programas se planifican y desarrollan a largo plazo (en muchos casos se trata de desarrollos que se inician a finales de la década de los 90 yprincipios de la siguiente) e implican la asunción de compromisos contractuales concretos, tanto a nivel nacional como internacional, planificados en el tiempo y autorizados por el Consejo de Ministros.
 Esta circunstancia es tenida en cuenta año tras año por el Ministerio de Defensa a la hora de elaborar su proyecto de Presupuesto, en el que solicitan los créditos necesarios para satisfacer sus compromisos. A pesar de ello, las sucesivas Leyes de Presupuestos, desde el ejercicio 2012, no proceden a dotarlos en su presupuesto inicial
2. Nada justifica estas trampas.
La justificación de la vía de financiación de estas modificaciones presupuestarias no es clara y consistente, pues en ocasiones se apela a la ausencia de impacto en la capacidad de financiación del Estado, en otras a la insuficiencia del Fondo de Contingencia y en otras a la discrecionalidad y previsibilidad de las obligaciones a satisfacer como causa de la excepción a la financiación a través del citado Fondo.
3. Desde 2012 (entrada en el gobierno de Rajoy) la situación se ha hecho mucho más grave, pues ademas incluye no solo compromisos antiguos por los que se arrastra una deuda impagable, sino nuevos compromisos que la ahondan más aún.
Los créditos extraordinarios correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 difieren del de 2012 ya que con ellos se dota de cobertura financiera principalmente a las obligaciones del propio ejercicio, y no de ejercicios anteriores como sucedía con el crédito concedido en 2012.  Ello supone que en parte se trata de atender obligaciones correspondientes al ejercicio corriente, que en ocasiones ni siquiera han nacido con anterioridad a la concesión del crédito extraordinario, como por ejemplo sucede con el programa EC135, todavía no creado a la fecha de concesión del crédito extraordinario 2013, con lo que difícilmente se da una situación de grave perjuicio a proveedores que pudiera justificar una intervención de extraordinaria y urgente necesidad
4) La tramitación de los créditos por los que se pagan los programas de armas están plagados de irregularidades que demuestran que estamos ante un trato abusivo
Si bien los expedientes de modificación presupuestaria contienen formalmente todas las menciones e informes requeridos legal y reglamentariamente y se encuentran adecuadamente instruidos, se han observado debilidades en el cauce de flujo de información entre las unidades afectadas por las necesidades y los órganos competentes para tramitar el expediente de modificación. Además, la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Defensa carece de un registro documental centralizado relativo a las necesidades concretas que debían satisfacerse con cargo ala petición de créditos extraordinarios
o bien
Para la petición de créditos extraordinarios y suplementarios se
utilizan los datos que ya se tienen como referencia para la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Departamento,
posponiendo la inclusión de las cantidades no aceptadas  inicialmente por el Ministerio de Hacienda hacia una modificación presupuestaria posterior,
y
En cuanto a la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria, las memorias justificativas, como única justificación de las mismas, se limitan a señalar que no hay crédito suficiente para atender a las obligaciones contraídas en la gestión de PEAs y reproducen el listado de cuantías por programa cuya financiación extraordinaria se solicita
O, más grave,
Las memorias económicas son a su vez muy breves –el Consejo de Estado las denomina “memorias abreviadas”, a pesar de que esta categoría de tramitación no existe- y apenas incorporan una somera referencia a las necesidades que han de atenderse con las cuantías solicitadas para cada programa, cuando este contenido debería ser uno de los contenidos esenciales de este documento. En algunos casos contiene algunos documentos carentes de sentido como por ejemplo un apartado titulado “Liquidez de  empresas contratistas” en el que, lejos de hacer un análisis del impacto que el retraso en los pagos por parte del Ministerio tendría en los suministradores, se limita a enunciar en dos líneas que con la modificación presupuestaria se pretende “evitar que las  facturaciones de las empresas contratistas queden pendientes de su correspondiente pago”, sin otro contenido. Asimismo, a la vista de la documentación recibida de las diferentes oficinas de programa afectadas, en ocasiones no coincide la justificación dada por ellas para justificar las necesidades financieras con el contenido  recogido en las memorias económicas.
La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario 2014 no contiene ningún dato relativo a las necesidades concretas que justifican la solicitud de cuantías que implican una modificación de las dotaciones inicialmente previstas en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014
5) Las irregularidades de los programas «internacionales» (es decir, compartidos con otros países de la OTAN)  han supuesto pérdidas significativas, en lo económico y en los recursos y adquisición de conocimiento, para el Estado, como por ejemplo
La memoria económica correspondiente al crédito extraordinario y suplementario 2014 no contiene ningún dato relativo a las  necesidades concretas que justifican la solicitud de cuantías que implican una modificación de las dotaciones inicialmente previstas en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014
o, respecto al programa de la OTAN EF 2000 que sirve para dotarse de aviones de combate mediante una economía de escala entre los países de la OTAN, asignándole a cada uno la financiación de unos cuantos aparatos,
Los resultados del acceso del Tribunal de Cuentas a las cuentas e información de NETMA durante los ejercicios 2011 a 2013 han destacado que, además de las cantidades pendientes de aplicar al presupuesto del Ministerio de Defensa de gastos correspondientes a la participación en el Programa EF2000, España no está en condiciones de aceptar, en servicio, aviones terminados por razones de administración dentro de las limitaciones de financiación nacionales, por ello estos aviones figuran en las cuentas de NEFMO (organización de dirección de la Agencia NETMA) que tiene el título legal sobre ellos hasta que sean formalmente aceptados por España. Los aviones españoles se almacenan en España, conforme a un Plan de Mantenimiento y Almacenamiento acordado. NEFMO tendrá influencia sobre el uso y los acuerdos de mantenimiento pero se considera que todas las obligaciones y riesgos asociados con el avión corresponden a España tal como está reflejado en el correspondiente acuerdo entre las naciones
y

Los resultados del acceso del Tribunal de Cuentas a las cuentas e información de NETMA durante los ejercicios 2011 a 2013 han destacado que, además de las cantidades pendientes de aplicar al presupuesto del Ministerio de Defensa de gastos  correspondientes a la participación en el Programa EF2000, España no está en condiciones de aceptar, en servicio, aviones terminados por razones de administración dentro de las limitaciones de financiación nacionales, por ello estos aviones figuran en las cuentas de NEFMO (organización de dirección de la Agencia NETMA) que tiene el título legal sobre ellos hasta que sean formalmente aceptados por España. Los aviones españoles se almacenan en España, conforme a un Plan de Mantenimiento y Almacenamiento acordado. NEFMO tendrá influencia sobre el uso y los acuerdos de mantenimiento pero se considera que todas las obligaciones y riesgos asociados con el avión corresponden a España tal como está reflejado en el correspondiente acuerdo entre las naciones.

Este tipo de medidas obedecen a razones de política nacional ajenas al Programa (Contabilidad Nacional) y pueden tener consecuencias económicas desfavorables a la vez que perjudican la eficiencia en la gestión del EF2000
En cuanto al programa de aviones A400, también compartido con otros países europeos y con un enfoque destinado sobre todo comercial (se fabrican para enseñarlos y que terceros países compren este tipo de avión)
Entre las principales observaciones de este Consejo destaca la conveniencia de fortalecer los sistemas de auditoría interna de la Organización, dada su magnitud económica
6) Los programas «nacionales» de armamentos (no compartidos con otros países) son más irregulares si cabe
Los BAM de Navantia
Como ya señaló el Tribunal de Cuentas en el “Informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010” (nº943) la
inclusión de un beneficio a percibir por NAVANTIA S.A., en su condición de sociedad estatal, no resulta compatible con la configuración de las relaciones entre la Administración General del Estado y sus personificaciones instrumentales.
o bien
Algunas de las modificaciones de la orden de ejecución que disciplina este programa no fueron acompañadas de los informes preceptivos (II.3.1.3,modificaciones 2ª y 4ª)

y

La fórmula utilizada para la revisión de precios de este programa ha encarecido notablemente este concepto a pesar de que el Grupo de Evaluación de Costes, en el informe previo a la orden de ejecución, recomendó el uso de una fórmula alternativa entre las posibles, basada en un índice objetivo de revisión del precio de la mano de obra, como es el índice nacional de mano de obra, esto es, el que se aplica en los contratos de las Administraciones  Públicas

y, además, que el Estado ha perdonado a NAVANTIA todas las penalidades por demora (mala fabricación, retrasos) por estos programas

Pese a los retrasos que se han producido en la entrega de los distintos BAM, no se procedió a la imposición de las correspondientes penalidades por demora estimadas en  31.746.000€, habiéndose paralizado sin causa justificada los procedimientos para exigirlas
Irregularidades con los Leopard
En relación con el programa Leopardo, su régimen jurídico, tras la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara, presenta ambigüedades de difícil interpretación creando cierta inseguridad acerca del marco que debe regir la vida de este contrato…Este Contrato Defensa INI, que tenía una vigencia de veinticinco años, es objeto de liquidación por mandato legal tal como contempla la Ley50/1998, de 30 de diciembre. Disposición Transitoria Tercera Liquidación de los Contratos entre los Ministerios de la Marina y de Defensa y el Instituto Nacional de Industria
La liquidación del Contrato Defensa INI nunca se llevó a cabo a pesar del mandato legal
La falta de cumplimiento del mandato del legislador a
las Administraciones para que éstas, en la esfera de su respectiva competencia, efectúen todos los actos y gestiones necesarias para que se lleve a cabo la liquidación formal del Contrato Defensa –INI relativo a Santa Bárbara, que debiera haberse ocupado de regular la nueva realidad, esto es que una empresa privada, la filial de la empresa norteamericana General Dinamycs Corporation (en la actualidad General Dynamics-European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, S.A.), pasara a constituirse en contratista principal en el programa Leopardo, obligó a que continuaran aplicándose las normas contenidas en el RD de 3 de agosto de 1981, previstas para disciplinar las relaciones entre entes públicos, durante más de quince años, sin adaptación alguna, a fin de evitar el vacío normativo derivado de la derogación del citado RD de 1981 (II.3.2.1).
Deficiencias no corregidas a pesar de haber sido advertidas
En la orden de ejecución inicial constan deficiencias en materia de garantías contractuales que no fueron subsanadas, pese a haber sido puestas de manifiesto por la Asesoría Jurídica y la Intervención Militar en sus respectivos informes
lo que ha conllevado sobrecostes inadmisibles

Se han reconocido sobre costes en el programa por importe de 43.627.959,31€, derivados del incremento en los costes de producción de uno de los subcontratistas. Si bien es indudable que las circunstancias concurrentes en programas como el Leopardo exceden los cauces de contratación  ordinarios, concurriendo circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales, el Ministerio de Defensa debe extremar al máximo la planificación de este tipo de

programas a fin de evitar el impacto negativo de las vicisitudes surgidas entre el contratista principal y los subcontratistas
Se ha producido un exceso en la financiación recibida por GDELS-SBS S.A. que asciende a 18.819.275,33€, que se encuentra pendiente de regularización
7) También problemas con el personal que gestiona estos programas
se han detectado tres problemas principales en el área de recursos humanos de la gestión de PEAs,: la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas; la alta rotación del personal dedicado a esta gestión y la situación del personal militar que presta servicios en las Agencias internacionales NETMA y OCCAR
y
La gestión de programas especiales de armamento, que ha implicado más de 30.000 millones de euros en los últimos 30 años y que es una de las piedras angulares de la gestión económica del Ministerio de Defensa, con gran impacto en la industria nacional, se encuentra infradotada de medios humanos
Problemas de personal que se han intentado suplir con la chapuza de las encomiendas de gestión, absolutamente inadecuadas para este tipo de problemas, pero altamente lucrativas para las entidades «encomendadas» (casualmente los organismos autónomos militares y las empresas asociadas a defensa que así reciben un ingreso suplementario y extrapresupuestario)
Se han utilizado encomiendas de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente derivadas de la existencia de déficits estructurales de las plantillas militares
Lo cual, a su vez, conlleva descapitalización de recursos

De este proceder se deriva además el riesgo potencial … de descapitalización de las unidades administrativas que tienen atribuidas legalmente las competencias, al derivarse hacia los medios propios instrumentales los recursos que, en buena lógica, deberían ser destinados en aquéllas.

Todo ello unido al riesgo de excesiva dependencia de
los medios instrumentales, lo que implica que la operatividad de algunas unidades se vería comprometida seriamente si se prescindiera de la encomienda de gestión
y
A pesar de la magnitud de los recursos gestionados y del impacto en la gestión global del Ministerio, no existe un perfil de carrera profesional del personal que presta sus servicios en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa…lo que implica que el personal que gestiona los programas se encuentre constantemente iniciando su formación para el desempeño de un trabajo altamente complejo debido a su naturaleza multidisciplinar y que sin embargo, debería ser objeto del máximo rigor y eficacia en su desempeño dado el elevado volumen de recursos públicos que consume
8) La necesidad de una auditoría integral e independiente para declarar la deuda ilegítima de estos programas.
El informe continúa realizando múltiples recomendaciones correctoras que permitirían mejorar la gestión y transparencia de estos programas, todas ellas sobre la base de la legitimidad de estos gastos de armas y de la deuda y empobrecimiento que nos generan.
Nosotros, en cambio, creemos que la actuación correctora que se necesita en este caso es drástica: auditar de forma independiente y rigurosa todos los créditos militares y los programas de armamento, en orden a:
  1. Cuantificarla por completo
  2. Valorar la necesidad de los programas de armas pactados por la casta
  3. Valorar su ilegitimidad y proceder a su cancelación y denuncia
  4. Dar a conocer públicamente a la sociedad la dimensión y realidad de la deuda militar y de los programas de armas
  5. Exigir las responsabilidades políticas y personales pertinentes para que los que han llevado a esta situación reparen a la sociedad por este saqueo.
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