¿Amnistía fiscal para la industria militar?

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Por Francisco Schmidt

Fuente: Infodefensa.

Nos lleva el rumor de que el ex-presidente de Defex también se acogió a la amnistía fiscal para «legalizar» a precio de saldo y con poco impuesto más de 500.000 euros.

Comencemos por aclarar que DEFEX es una empresa encargada de la venta de armas españolas en el exterior y que el 51% de su accionariado pertenece a la SEPI; que a su vez pertenece al Ministerio de Hacienda (el resto del accionariado a diversas empresas de armamento), que a su vez es quien pincha y corta para nombrar al presidente de la entidad.

Sigamos por decir que el susodicho «amnistiado fiscal» se llama José Ignacio Encinas Charro y fue presidente de dicha entidad desde 1991 hasta 2012, bajo las presidencias de gobierno de González, Aznar y Zapatero y que, amén de otros asuntillos, ha pasado al conocimiento del gran público por haber estado encarcelado en 2014 con motivo de unas comisioncillas de nada durante su mandato por venta de armas en Angola y por ruidos de escándalos de DEFEX en otro tipo de contratos nada claros, como son los que ha celebrado con Arabia Saudí o Camerún, o los que ha mantenido con Egipto, o la detección por parte de Hacienda de un fraude que inicialmente dejó sin investigar.

También salió hace poco a la luz su supuesta relación con las offshore de Panamá precisamente para desviar pasta de la venta de armas a Angola.

No aclara la noticia si la pasta ahora «regularizada» tiene algo que ver con su actividad al frente de la venta de armas de Defex o si además este hombre tenía tiempo para hacer dinero en otro tipo de negocios, lo cual nos deja una doble incertidumbre.

Lo que parece cada vez más claro es que la amnistía fiscal ha venido a ayudar a una gente a caballo entre el mercado privado y las influencias públicas, lo cual no deja de ser una mala noticia para la necesidad de sanear y hacer transparente todo el dineral que se mueve en torno a la ya de por sí poco ética por sus fines industria de defensa.

Porque pudiera dar la impresión de que la industria militar sanea y se amnistía aprovechando las rendijas de la «buenista» ley de Montoro, que se suponía valía para reintegrar socialmente a los indeseables que se habían llevado el dinero fuera, no para que lo trajeran crudo y se lo quedaran riéndose del resto del personal.

Y es que se está pidiendo a gritos una auditoría de todo el gasto militar, lo que a su vez incluye investigar también con plena luz y taquígrafos a toda la cohorte de puertas giratorias que acompañan el negocio de la guerra.

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