La parcialidad de la Justicia Militar

Imagen de Álvaro Herráiz San Martín

Fuente:  El País.

Los sucesos ocurrieron en 2004 en Diwaniyah, Irak.  El País consiguió unas imágenes que fueron publicadas el 17 de marzo de 2013.

Las imágenes hablan con claridad de la actuación de los militares españoles

 

Sin embargo,

El Tribunal Militar Central ha dictado el sobreseimiento provisional del caso de las torturas en Irak, que se abrió a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que varios legionarios pateaban a dos detenidos en el centro de detención de Base España, en Diwaniya (Irak), durante la ocupación del país. El tribunal ve indicios de delito, pero archiva la causa porque el fiscal así lo pide y no hay ninguna otra acusación.

Indignante.

Pero queda claro para qué vale la Justicia Militar:  para asegurar la impunidad de los militares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Nada en este caso tiene sentido:

El juzgado togado militar número 12 abrió diligencias por un presunto delito de malos tratos a prisioneros. El ascenso de uno de los militares imputados, legionarios o exlegionarios del Tercio de Ronda (Málaga) destinados en Irak en 2004, pasó la causa al juzgado militar central 2. Tras ocho meses de instrucción, el juez pidió el archivo del caso, pese a calificar los hechos de “infames, execrables e ignominiosos”, con el argumento de que no se había podido identificar a los maltratadores ni a sus víctimas.

La política de encubrimiento queda patente:

El juez alega que no se ha podido identificar a los agresores ni a las víctimas. La marcha atrás de un legionario que denunció a sus compañeros y luego se desdijo de sus declaraciones permitirá que unos hechos que el juez califica de “infames” queden impunes.

Más en extenso, véanse las incongruencias del coronel auditor de la causa:

El coronel auditor, que desde enero pasado instruye el caso, no tiene dudas sobre la veracidad de los hechos —sucedidos en la base de las tropas españolas en Diwaniya (Irak) entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004— a los que se refiere con adjetivos como “infames, execrables e ignominiosos”. “Tenemos la firme convicción de que los hechos ocurrieron y que tienen entidad penal”, proclama. Por eso, no plantea el sobreseimiento definitivo, como reclamaron los defensores de los cinco imputados. Sin embargo, propone el “sobreseimiento provisional” —lo que supone que archiva la investigación y se levantan las imputaciones hasta que aparezcan nuevos datos— aunque reconoce que “las posibilidades de reabrir el procedimiento son especialmente complicadas” y que produce “frustración […] no poder llegar a conocer la verdad material de lo sucedido, máxime cuando se trata de comportamientos graves y tan ajenos de lo que debe ser el de las tropas españolas desplazadas lejos de territorio nacional en ejecución de las misiones encomendadas”.

Todo el proceso se tiñe de extrañas irregularidades y de una lógica muy irregular.  Por ejemplo, se da credibilidad a las declaraciones acusatorias de un soldado que primero fue imputado y que cuando pasó, por arte de birlibirloque, a la condición de testigo se contradijo a sí mismo:

En julio de 2014, el legionario J. M. C. de los R. reconoció que fue él quien grabó el vídeo e identificó ante la juez a los militares que aparecen en sus imágenes con el rostro pixelado. Pero el pasado 21 de mayo volvió a declarar, ya no en condición de imputado sino como testigo, y se desdijo de sus anteriores declaraciones, asegurando que su “situación eran tan mala […] que hubiese contado lo que fuese”.

El juez advierte que es ilógico que el legionario hiciera declaraciones autoinculpatorias cuando habló como imputado, con derecho a no declarar, y exculpatorias cuando lo hizo como testigo. Pero concluye que, ante la contradicción entre ambas, no puede dar credibilidad a la primera.

¿Cómo pudo ocurrir este cambio de parecer en el soldado?  Lo que nos ofrece El País es un relato que bien podría presentarse a los premios Óscar al mejor guión en la categoría de Películas mafiosas:

Desde las siete de la tarde del 27 de junio de 2014, cuando fue interrogado por la Guardia Civil en Ronda (Málaga), hasta las cuatro de la tarde del día siguiente, cuando se presentó en el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al menos siete mandos de la Legión se dirigieron al legionario J. M. C. de los R. para convencerle de que no colaborase con la investigación.

Así lo sugirió el propio legionario a preguntas del fiscal. “Preguntado si por alguno de estos mandos ha recibido amenazas o advertencias para que no declarara, respondió que no quiere contestar”, señala el auto.

El legionario viajó a Madrid en tren y llegó a la estación de Atocha a las dos de la tarde, poco antes de la hora a la que estaba citado. Pero en Atocha, sin que él lo supiera, un capitán de la Legión le estaba esperando y, en vez de recorrer a pie los 300 metros que separan la estación del juzgado, se lo llevó en su coche y lo devolvió dos horas después —supuestamente por un error en el GPS—, cuando la Guardia Civil ya lo buscaba.

El mismo capitán irrumpió a media tarde en el juzgado militar, donde protagonizó un altercado con la secretaria judicial y la juez. Su interés era hacerse con el teléfono del abogado de oficio que había asistido a J. M. C. de los R., para que dejara su defensa en manos del letrado Juan Antonio Díaz Díaz, conocido como El Coronel. No es solo un apodo. Díaz es un coronel de la Legión en la reserva que sigue estrechamente vinculado a la misma como presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros.

Pese a todos estos esfuerzos, el legionario “cantó”, como le dijo alarmada la esposa de uno de los implicados a una amiga en una conversación telefónica intervenida judicialmente, y denunció a sus compañeros, rompiendo el pacto de silencio.

Cuando recuperó la libertad y regresó a Ronda, la presión se multiplicó. “Siempre leal, mi capitán; que me he equivocado, he metido la pata […] a la orden, yo no salgo ni a la calle, por miedo, por vergüenza y por todo, estoy totalmente avergonzado”, le confesó a un superior.

Finalmente, J. M. C. de los R. cambió su declaración y se desdijo. Se cumplió así la más anacrónica interpretación del Credo Legionario, según la cual hay que apoyar siempre al compañero “con razón o sin ella”.

 

Además, para colmo, no se han tenido en cuenta las declaraciones de otro soldado testigo:

En el sumario figura otro testigo: el legionario D. G. J. Aunque no asistió personalmente a los malos tratos, supo lo que pasó y la existencia del vídeo. Fue él quien puso a la Guardia Civil tras la pista de sus protagonistas.

Sin embargo, el juez elude su testimonio asegurando que “carece de imputación contra persona aforada ante este tribunal”. Se trata de un recurso formal: quiere decir que D. G. J. no acusó al capitán A. B. del P., cuyo ascenso hizo que la instructora inicial, la comandante Patricia Moncada, fuera apartada del caso en favor de un juzgado togado central.

Y, para acabar, otra irregularidad que protege a los militares frente a lo que es habitual en la justicia civil:

Si la justicia ordinaria investigase este caso, la acción popular podría recurrir el archivo. Pero la jurisdicción castrense no permite la acción popular, las víctimas no están personadas y el fiscal militar, único acusador, apoya que se dé carpetazo.

En todo esto la responsabilidad última es de Morenés porque

La impunidad de los responsables de las torturas en el centro de detención de la Base España en Diwaniya (Irak) plantea de lleno las limitaciones de la jurisdicción castrense, según el letrado Mariano Casado. El hecho de que no se permitiera la acción popular, que en este caso intentó ejercer sin éxito la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), dejó el monopolio de la acusación en manos de la fiscalía, que no es idependiente.

El fiscal togado no solo depende jerárquicamente del fiscal general del Estado, como el ordinario, sino que, según la ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, puede recibir “órdenes e instrucciones” del ministro de Defensa.

Conclusión:  ahora que se negocian entre los partidos políticos tantas cosas para el mejor desarrolla de España en los próximos cuatro años, convendría incluir el asunto del anacronismo que supone la justicia militar para su total derogación.

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