Defensa no paga el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)

Imagen de Jorge Megía Peralta

Fuente:  Gasto Militar 2015.

Otra de las características de nuestros sistema de defensa es la existencia de una serie de privilegios que permiten transferir costes y cargas militares a la sociedad en general, principalmente por la vía de la exención del pago de determinados impuestos de la que gozan las instituciones castrenses, y por la vía de ingresos “atípicos” que proceden de las facturas que los ejércitos nos pasan a la sociedad en su conjunto y de los ingresos por la venta y uso en exclusiva del ingente patrimonio militar.
En cuanto a las exenciones fiscales de las que gozan los ejércitos, conviene tener en cuenta que la legislación española ha permitido un régimen privilegiado en lo relativo a las cargas impositivas en relación con lo militar desde tiempo inmemorial. La exención y el privilegio del que disfruta Defensa en la no contribución de determinadas cargas fiscales a favor de los ejércitos, como ocurre con otras instituciones, afectan a todos los ciudadanos.
Un estudio elaborado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en 2009 se ocupa ampliamente de este aspecto, reseñando los tres grandes apartados que afectan al régimen de exenciones fiscales:
  •  los relativos a la exención del IBI de los establecimientos militares,
  • la exención del IBI de los bienes “afectos a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana”
  • y los relativos a las exenciones impositivas de los materiales de interés militar traficados con otros países de la OTAN 
 Por lo que respecta a la incidencia de lo militar en el sistema de financiación de la administración local, la legislación española ofrece exenciones del IBI a lo militar, que en definitiva sirve para la financiación de los servicios principales de los ayuntamientos.  La falta de pago del ingente patrimonio inmobiliario de los ejércitos de este impuesto no implica que tengan, por contrapartida, peor alumbrado, alcantarillado, servicios de viales y accesos, u otros, sino que la contribución que el militarismo no realiza repercute sobre el resto de la sociedad, que sufraga estas necesidades sin la necesaria solidaridad militar.
Es importante referir esta realidad porque a la línea oficial del Ministerio de Defensa se le llena la boca con quejas de la escasa participación de la sociedad en el esfuerzo con la Defensa, cuando, como se ve, el esfuerzo de la sociedad es inconmensurable. El IBI, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 se considera
 
“Un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienesinmuebles en los términos establecidos en esta Ley”.
 
Conforme al artículo 61 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el hecho imponible de este impuesto es :
 
«La titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles,urbanos y rústicos y sobre los inmuebles de características especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. b) De un derecho real de superficie. c)De un derecho real de usufructo. d) Del derecho de propiedad.»
 Aunque es ciertamente difícil cuantificar el ingente patrimonio inmobiliario, rústico y urbano, de los ejércitos (cuantificación que ni siquiera se ha conseguido con el PREPIDEF de 2012, plan especial del Ministerio de Defensa para la optimización y explotación de este patrimonio), lo cierto es que cuando menos:
El número de propiedades de Defensa es superior a las 2.000, que ocupan 140.000 hectáreas. De éstas, un 93% son terreno rústico, en tanto que la superficie ocupada por terreno urbano alcanza las 10.000 hectáreas. Las distintas propiedades se encuentran diseminadas por las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esparciéndose por 40 provincias.  Resulta significativo el dato de que tan sólo 72 grandes propiedades abarcan el 82% de los terrenos de Defensa, con una superficie de 116.000 hectáreas
Conforme a la legislación comentada, las cuotas tributarias de este impuesto vienen a suponer entre un 4% a un 11% del valor catastral de los inmuebles (efectuadas las reducciones que la ley pueda haber autorizado) en el caso de bienes urbanos y entre un 3 a un 9% en el caso de bienes rústicos. 
El régimen de exención del que goza, por ley, el patrimonio del Ministerio de Defensa equivale, por tanto a dejar de pagar en concepto de IBI anualmente entre un 4 a un 11% del valor catastral de los terrenos urbanos del Ministerio de Defensa y entre un 3 y un 9% de los rústicos, una cantidad desorbitada y que no nos hemos atrevido a calcular.
El art. 64.a de la Ley ofrece una exención del impuesto a los bienes afectos a la defensa:
Gozarán de exención los siguientes bienes:  a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, y que estén directamente afectos a la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y a los Servicios Educativos y Penitenciarios; asimismo, las carreteras, los caminos, los del dominio público marítimo terrestre e hidráulico y las demás vías terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito.»
 Y la Disposición Adicional Novena de la norma estableció
«A partir de 31 de diciembre de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en la presente Ley; lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda…»
Y la Disposición Adicional Segunda establecía
Quién a la fecha de comienzo de aplicación del IBI goce de cualquier clase de beneficio fiscal en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en el Impuesto citado en primer lugar, hasta la fecha de su extinción y si no tuvieran término de disfrute hasta el 31 de diciembre de 1992, inclusive
El Ministerio de Defensa, ante esta tesitura, dictó una serie de disposiciones para poner a buen resguardo el patrimonio militar, declarando todo inmueble del que tuvo constancia de su titularidad fuera declarado de interés para la defensa, una bonita muestra de la solidaridad militar.
Pues bien, a pesar de todo ello, diversos ayuntamientos donde el patrimonio militar tiene un enorme impacto, han pretendido que Defensa contribuya por el IBI, como en buena lógica debería ocurrir si no fuera por la curiosa aplicación de la ley del embudo que acompaña a lo militar.
Así, el Ayuntamiento de Torrejón ha reclamado en diversos momentos el IBI por la ocupación de la base de Torrejón, habiendo reclamado hasta 2002 la cantidad de 4,5 millones de € (donde además de las instalaciones militares hay un campo de golf, piscinas y diversas instalaciones civiles,con suerte adversa, hasta que en 2013 consiguió recaudar 552.488,45 por IBI al no haber recurrido a tiempo el Ministerio la sentencia judicial que así lo estableció.
También el Ayuntamiento de Ávila reclamó el IBI por el Archivo militar, por importe de
15.970,51 €, recibiendo sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 15 de junio de 2012.
También el Ayuntamiento de Cartagena viene reclamando el IBI a Defensa. En 2012 reclamó IBI atrasado por 42 inmuebles y valor de 3,62 millones de €, habiendo reclamado los años sucesivos sin que, hasta la fecha, Defensa haya abonado ni un euro. 
Lo mismo sucede con Ferrol, donde Navantia, empresa militar de titularidad pública, pretendía marcharse de rositas sin pagar el IBI, unos 600.000 € anuales, hasta que el Tribunal Europeo de Justicia ha considerado que es ilegal esta exención porque supondría una subvención encubierta a las industrias navales
El suma y sigue de los municipios con litigios con el ejército es extenso y nos permite considerar que esta exención supone una enorme e injustificada contribución de los ciudadanos al coste militar, en términos de que lo que deja de pagar el ejército por el uso del territorio (al margen de la degradación a la que lo militar lo somete frecuentemente) implica una traslación de la carga militar al resto de la sociedad.
Tampoco el ejército paga determinadas tasas municipales, como son las de residuos, vados, reservas de plazas y otras similares.
Pero esta contribución de los municipios al coste militar no es su única contribución.  Existen también convenios de índole municipal que ofrecen privilegios y facilidades a los militares en el ámbito municipal, como los firmados por más de una docena de municipios de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid a la cabeza, para que el 20% de las plazas policiales de éstos se reserven a personal militar.
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