Una vuelta de tuerca más en la militarización de la seguridad: se aprueba el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta

kameras

Daniel Lobo

 

Fuente: Consejo de Ministros de 20-1-2015

Muy grave nos parece lo que comentamos hoy.

El Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015 aprobó el “Plan Estratégico nacioal de lucha contra la radicalización violenta“, documento que hay que enmarcar necesariamente en el contexto de refuerzo de la idea de seguridad de corte militar y recorte de libertades que se está impulsando desde los centros de poder a partir (y sobre todo, con la excusa de) los atentados terroristas sufridos en los últimos años.

Luego hablaremos de este contexto y enmarcaremos el Plan con otras medidas adoptadas por el gobierno del PP y otras en fase de deliberación (algunas incluso pactadas con la otra pata del PP, de siglas y compromisos cada vez más inseparables) con las que, al parecer, van a modificar el actual marco legal y social.

Pero comentemos ahora el plan. Y empecemos por lo que dice y cómo lo dice:

¿Unos antecedentes que justifican este Plan?

Comienza el Plan elaborado por el departamento que dirige el halcón (por cierto de afinidades religiosas y políticas muy a la derecha del Padre) Don Jorge Fernández  por explicar las razones que llevan al gobierno a establecer ahora este Plan, y que son:

  1. La existencia de una clara amenaza terrorista (cita atentados en Estados Unidos de 2001, Indonesia de 2002, Marruecos en 2003, España en 2004, Reino Unido en 2005 y ahora en Francia). No cita, tal vez por irrelevantes para la concepción de la seguridad desde la que se elabora este plan, la mayoría de los atentados terroristas que han tenido lugar en países del propio área a la que implícitamente se refiere el plan en todo momento, ni los variopintos atentados provocados por alguno de nuestros aliados, como el caso de Israel, o los otros provocados por error por tropas de nuestro propio bando en las diversas guerras con las que hemos intervenido en el área referida. Tampoco refiere nada en relación a las causas y antecedentes políticos, históricos, económicos, sociales, etc., que dan lugar a este terrorismo, ni a las prácticas políticas que podemos estar llevando nosotros que puedan provocar un cierto odio o una estrategia de reacción que provoque que nos tengan en el punto de mira).
  2. Europa ha definido la lucha contra el terrorismo como uno de los ejes de su política de seguridad (cita el documento de la UE  que puede consultarse aquí “Estrategia de la Unión Europea para la Lucha Contra la Radicalización y la Captación de Terroristas“) cuyo enfoque remilitariza abiertamente la idea de seguridad interior e inicia un soterrado pero firme avance de las ideas más militaristas en torno a la seguridad, eso sí, sin que la crítica de los grupos sociales o políticos alternativos se haya hecho oír al respecto ni en la sociedad ni en el parlamento europeo).
  3. La estrategia se seguridad nacional española sitúa el terrorismo internacional como la principal amenaza para la seguridad de España (cita para ello el documento Seguridad Nacional, un proyecto compartido de 2013. Deja de citar los de ámbito militar que con más precisión enmarcan este proceso en el enfoque militarista, como es la propia directiva de defensa nacional 1/2012, máximo documento del planeamiento militar español)
  4. La lucha contra el terrorismo viene priorizada en el documento “Estrategia integral contra el terrorismo internacional y la radicalización aprobado en 2010 (curiosamente es un documento aprobado en junio de 2010, con Zetapé, por la Comisión de Situaciones de Crisis, y luego ratificado por el Gobierno de Rajoy en 2013. Dicho documento está declarado secreto).

Pues bien, vistos estos antecedentes “justificativos”, a saber:  los atentados, Europa, nuestra política de defensa y seguridad, nos podemos preguntar si tales antecedentes son en realidad justificativos de una respuesta tan unilateral y reactiva y, más en concreto, si este argumentario justifica un plan de seguridad que busca remilitarizar, como veremos, la idea de seguridad, e implicar de forma contundente en dicha estrategia a los entes locales y autonómicos de competencias tales como escuelas, servicios sociales, educación, etcétera, a los trece ministerios, y a las entidades sociales que el gobierno “estime oportuno”.

Nuestra respuesta, la anticipamos ya, es no. No porque los problemas de seguridad no se pueden enfrentar desde una respuesta meramente reactiva, de vigilancia y control policial-militar y que huye de estudiar el fenómeno en su complejidad, buscando atajar las causas con medidas más transversales y con metodologías alternativas.

El plan, como veremos, no contiene una sola medida educativa, social,  de prevención basada en la idea de Seguridad Humana, de interculturalidad o convivencia, de enfoque noviolento, sino, sencillamente, la implantación de unos protocolos de  información a las diversas policías, en el ámbito “interno” y de protagomismo del Ejército en el ámbito exterior.

Da por ello más bien la impresión de que el plan es previo a la justificación: se pretende imponer unas políticas y se ha buscado un argumentario ad hoc (y por cierto ampliamente simplista) para “justificarlas”

Unos objetivos reactivos e indefinidos.

Continúa el Plan diseñando los objetos a los que pretende responder, que son:

  1. Responder a la radicalización violenta
  2. Cumplir con las directrices de la Unión Europea
  3. imponer un “consenso” entre las administraciones, la sociedad civil y los colectivos vulnerables o en riesgo de radicalización
  4. Implicar y obligar a todos los Ministerios de la administración general del Estado y entidades sociales bajo coordinación del Ministerio del Interior (y aunque no lo dice en los objetivos sí en las medidas, de Defensa):

Llama la atención la amplitud e indefinición de los sujetos sobre los que se piensa aplicar esta política, calificados como “radicalización violenta”.  ¿Que se considera como “radicalización violenta”?  ¿Entra únicamente el fenómeno yihadista que aparentemente justifica este plan?, ¿se entiende extensible a la violencia fascista que hemos visto retransmitida en campos de fútbol y otros eventos deportivos?  ¿Incluye los “grupos antisistema” que forman parte de las obsesiones del Ministro del Interior?, ¿es extensible a los “radicales”, expresión usada por el PP para referirse despectivamente a cualquiera que no sean ellos?…

En segundo lugar acudimos a la misma indefinición si nos fijamos en la idea de “violencia” que subyace al texto: ¿Qués e entiende por radicalización “violenta”?, ¿qué entra en la categoría “violento” objeto de este especial tratamiento represivo?

La cuestión no es baladí, porque el proyecto de código penal que el PP propone en el nuevo pacto con el PSOE, su otra pata, aplica diversos tipos delictivos encaminados a reprimir penalmente como delitos de terrorismo conductas como “desórdenes públicos”, “actos contra el patrimonio”, “ultrajes a España”  o “alteraciones de la paz pública” que sospechosamente nada tienen que ver con el terrorismo ni con la violencia en sí, tal como denuncia por ejemplo la imparcial, objetiva y liberal Amnistía Internacional,  y que parecen más bien pensados para un ejercicio de represión contra la disidencia, la protesta o la movilización social contra los mandamanses, como puede ser el ejemplo de las movilizaciones de las plataforma de hipotecados o de la Hepatitis C, las movilizaciones similares a las de “rodea el Congreso” y tantas acciones noviolentas ejercidas por grupos pacifistas, ecologistas, altermundistas, de ocupación y de diverso signo en estos últimos tiempos.

Una tercera crítica la encontramos en este criterio autoritario de pretender imponer un consenso desde arriba que afecte y obligue a todos. Es comprensible que un ministro perteneciente al Opus Dei, como es el caso del actual de Interior, o un partido popular que recogió los rescoldos de las derechas más agrias de toda la vida y que fue fundado por un señor que fue ministro de Franco y predicó un concepto de orden público de honda raíz autoritaria, piensen que el consenso es algo parecido a la sumisión, pero cualquier manual actual acerca de la construcción de los consensos descarta esta modalidad de consensos a la búlgara. El consenso no es fruto de la autoridad, sino del diálogo y la construcción en común y, que se sepa, es imposible de imponer a la sociedad a su pesar.

Desvela este objetivo un deje altamente deficitario en cuanto a calidad democrática se refiere, y más aún si se intenta imponer obligatoriamente.

Estamos con ello ante unos objetivos políticos de muy poco calado democrático, de un sesgo autoritario apabullante y que se fijan más en la represión de la disidencia mediante medidas reactivas que en abordar el complejo fenómeno del terrorismo desde su multidimensionalidad.

Unos ámbitos de actuación que refuerzan el papel preponderante de lo militar y nos considera enemigos internos

Si los presagios que se intuyen de lo ya comentado son malos, las cosas tienen la capacidad de empeorar mucho más. Y así ocurre que cuando el plan se refiere  a los ámbitos de actuación en los que se va a desarrollar esta política fija tres, a cual peor:

  1. El ámbito interno, coordinado por el Ministerio del Interior y donde pretende articularse a todos los niveles: desde el estatal al autonómico y local, pasando por la sociedad civil. En este, dice el plan, el escenario principal de actuación será el municipio, donde pretende vincular en la “lucha·” a diversos actores.
  2. El exterior, al parecer coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero con un fuerte protagonismo (de hecho es el actor único) del Ministerio de Defensa y del Ejército. Según el plan, este nivel se realizará “en atención a los intereses y zonas de influencia de España”, idea bastante difusa pero que no está puesta ahí de forma ingenua, ya que hace relación al propio planeamiento militar de la defensa y a la idea de que España, más allá de defender su territorio y sus fronteras, defiende militarmente sus intereses en cualquier parte del globo, y de  otra brillante y peligrosa idea plasmada en un plan de estrategia militar español, la de que tenemos unas fronteras de seguridad avanzadas  que tienen que ver con nuestras zonas de influencia y su tratamiento militar (Mali, Centroáfrica, Somalia, Golfo de Guinea, etc.).
  3. El indefinido mundo del “ciberespacio” donde afectará, dice el plan, a actores y contenidos y que será controlado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que depende del Ministerio del Interior e íntimamente relacionado (si no subordinado) con el Mando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor de la Defensa, cuyos cometidos son (esto no lo cuenta el Plan que comentamos) : “1.- Garantizar el libre acceso al ciberespacio, con el fin de cumplir las misiones y cometidos asignados a las Fuerzas Armadas, mediante el desarrollo y empleo de los medios y procedimientos necesarios.2.- Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la integridad y disponibilidad de las redes y sistemas que la manejan y tenga encomendados.3.- Garantizar el funcionamiento de los servicios críticos de los sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas en un ambiente degradado debido a incidentes, accidentes o ataques.4.- Obtener, analizar y explotar la información sobre ciberataques e incidentes en las redes y sistemas de su responsabilidad.5.- Ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.6.- Dirigir y coordinar, en materia de Ciberdefensa, la actividad de los centros de respuesta a incidentes de seguridad de la información de los Ejércitos y Armada y el de operaciones de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.7.- Ejercer la representación del Ministerio de Defensa en materia de ciberdefensa militar en el ámbito nacional e internacional.8.- Cooperar, en materia de ciberdefensa, con los centros nacionales de respuesta a incidentes de seguridad de la información, de acuerdo con lo que determinen las estrategias y políticas nacionales de ciberseguridad en vigor, así como con otros centros militares de respuesta a incidentes de seguridad de la información en el ámbito internacional.

Bajo este triple escenario se pueden leer algunas conclusiones que empeoran las cosas:

a) La consideración del espacio interior como un espacio de intervención de esta idea de seguridad difusa y militarista, que nos vuelve a convertir, si alguna vez dejamos de serlo para la doctrina de la seguridad militar, en el enemigo interno. Todas las personas y todos los ámbitos de nuestra actuación somos susceptibles de ser considerados parte del problema y de que nos apliquen las políticas de seguridad pretendidas.

b) La ocupación de espacios tradicionalmente ajenos a la seguridad militar se agranda.  Ahora el municipio, el espacio local, el pluriespacio público, son objetos de preocupación de esta idea de seguridad y, como veremos más adelante, los diversos mecanismos municipales pensados tiempo atrás para la convivencia y la prestación de servicios a la comunidad, agentes de esta extensión de la idea de seguridad y de sus políticas de control. No sabemos lo que pensarán las diversas propuestas políticas municipalistas de esta extensión de la militarización al espacio local. ¿Le parecerá bien a las candidaturas ciudadanas, a los partidos no manchados por el extractivismo político deplorable que nos aqueja, a las nuevas agrupaciones de electores, que se les obligue a participar de esta idea de enemigo interno? ¿Dirán algo al respecto en sus programas? ¿Alertarán a la ciudadanía de la necesidad de empoderamiento social para abordar estas temáticas de forma alternativa?

3) Se legitima la intromisión de lo militar y de la idea de seguridad en la propia privacidad y en la red. El fantasma del riesgo ciberterrorista deroga, de facto, la vigencia del derecho a la intimidad en relación a la propia comunicación y cibervida que se pretendió garantizar (ciertamente con la boca pequeña) en la decrépita y plagada de promesas incumplidas constitución del 78.

4) La idea militarista de seguridad, criticada por Naciones Unidas cuando acuñó el término de “Seguridad Humana” como alternativa  esta, gana terreno y remilitariza espacios, contenidos y libertades anteriormente ajenas a lo militar.

5) Se incrementa, en consonancia con la estrategia neoliberal, todo el arsenal de políticas de disciplinamiento social, cuyo interés prioritairo es convertirnos de ciudadanos en súbditos, pero usando al retórica de los derechos (la zanahoria) y la política del recorte de derechos y aspiraciones (el palo).

La estructura de mando: De nuevo organigrama autoritario-militar

Dicen los entendidos que una imagen vale más que mil palabras y, aunque la que presentamos es engañosa (elude al militarismo, director de la orquesta) permite comprobar el grado de enfoque represivo y militar de todo el asunto.

 foto1Este organigrama se corresponde con la estructura nacional de coordinación del plan. Como podemos ver, la coordinación de todo el plan, en lo que se refiere a la cuestión interior, se encuentra en el “grupo nacional de lucha contra la radicalización violenta” coordinado por Interior, con especial aportación del CNI (que hasta ahora no habían mencionado en todo el plan), los 12 ministerios restantes, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Fundación Pluralismo y Convivencia (una fundación estatal creada para tratar temas de pluralismo religioso) y “otras entidades públicas y privadas que se considere necesarias (un indefinido que no queda nada claro).

Nos da una muestras clara de la expansión de la idea de seguridad como orden público policial, cuando no meramente militarista, que se mantiene en este plan y del papel de mano extendida allá donde tiene más difícil el acceso lo policial/militar que se quiere hacer jugar a las entidades sociales, y a los propios ayuntamientos.

Siguiendo con la estructura del plan propuesto encontramos que éste define una serie de “agentes” del mismo:

  • En el ámbito de la lucha interna:
    • policía local
    • policía autonómica
    • Ayuntamiento
    • juzgados
    • centros escolares
    • Asuntos sociales
    • entidades sociales
    • colectivos de riesgo
  • En el ámbito externo:
    • Ministerio de Defensa
    • Fuerzas Armadas
  • En el ciberespacio:
    • El CITCO, El CNI

La expansión del militarismo a la idea de seguridad

Hemos explicado anteriormente que la idea de seguridad humana tiene poco que ver con la idea militar de seguridad, basada en aspectos de orden público, represión, imposición legal y violenta, defensa de unos supuestos intereses vitales allende las fronteras, etc.

La idea de Seguridad Humana, acuñada por el PNUD, habla de desarrollo humano, de disfrute de derechos y libertades, de disminución de la pobreza, de garantías frente a la enfermedad, la incultura, la pobreza, y ofrece un carácter universal a estas dimensiones, añadiendo que la seguridad humana en un punto del planeta depende de la de los demás, y se consigue incrementarla incrementando la de los demás, pues son interdependientes.

Este enfoque propondría otro tipo de medidas para abordar el fenómeno del terrorismo internacional, basadas en la comprensión entre los pueblos, en la inversión para conseguir sociedades más igualitarias y con estándares de disfrute de bienes sociales y garantías de vida digna, en educación, en políticas de igualdad, en solidaridad, …

Un enfoque que busca abordar lso conflictos de forma constructiva y noviolenta.

Pero, por desgracia, este enfoque choca con una realidad cruel donde la dominación y la violencia son las políticas rectoras y donde la imposición de explotación, dominación, depredación de recursos, expolio e imposición militar de todo ello son el abc de cada día.

En el caso concreto de los países occidentales no puede decirse que basen su “bienestar” en la colaboración con el bienestar de otros pueblos, sino al contrario, en la dominación abusiva de éstos, y también en políticas que los debilitan, como son la venta de armas, la promoción de la guerra en su interior, la potenciación de la rivalidad y la corrupción, etc., todo lo cual es un verdadero caldo de cultivo para el resentimiento y, también, para reacciones basadas en los mismos parámetros de dominación y violencia.

El plan ahora comentado no hace sino expandir estas ideas reactivas a áreas donde hasta ahora no tenía espacio el ideal de seguridad militar. Y lo hace de la mano de otro paquete de medidas de recorte de derechos y libertades, como el paquete recientemente negociado por el PP-PSOE de políticas antiterroristas, o la reforma del código penal, o la creación de un adefesio constitucional que es el estado de crisis en en anteproyecto de ley de seguridad nacional.

Una expansión de la visión autoritaria y militarista muy en consonancia con la desconposición acelerada del régimen vigente.

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