Que Navantia pague sus fallos en los S-80, ¿es la solución?

Imagen de Procsilas Moscas

Fuente:  La Verdad.

1.-  Penalizaciones económicas a las industrias militares del Estado por incumplimientos.

Nuestros submarinos con sobrepeso siguen generando polémicas, ahora es UPyD y su diputada Irene Lozano:

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso ha registrado una pregunta al ministro de Defensa, Pedro Morenés, para saber si el Gobierno central va a penalizar a Navantia, dado que «sus fallos en la construcción del primero de los submarinos S-80» retrasarán su puesta en servicio obligando a gastar más de 40 millones, que no estaban previstos para reparar el sumergible ‘Tramontana’ de la serie S-70, al que iba a remplazar.

La diputada Irene Lozano es la autora de la pregunta para la que espera una respuesta de Morenés a la mayor brevedad posible. Lozano recuerda que el 11 de julio el Consejo de Ministros aprobó el contrato de ejecución de las obras de la cuarta gran carena del submarino S-74 ‘Tramontana’ por 42,9 millones de euros. A su juicio, esta reparación se debe a «los fallos que Navantia cometió en la construcción del primer submarino S-80» que han forzado al Ministerio de Defensa a extender la vida útil del ‘Tramontana’.

Muy loable el intento de este grupo parlamentario, que parece que últimamente se está animando a hacer política de control y de oposición al PP en los temas de Defensa.

Lo que quieren es que la industria militar no actúe como si no fuese responsable de nada de lo que hace porque todos sus fallos los paga «papá Estado».  Muy loable.

Lo que ocurre es que Navantia es propiedad del Estado, es decir, de todos, a través de la estatal Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Es decir, las penalizaciones económicas que les impongamos las acabamos pagando entre todos.  Un círculo vicioso, como se ve. 

2.-  Penalizaciones y responsabilidades políticas y económicas en el ámbito político y penal.

Otro gallo nos cantaría si las penalizaciones y las responsabilidades se pidiesen en el ámbito político y penal.  Si los directivos de SEPI o de Navantia perdiesen sus lucrativos empleos y respondiesen con sus propios patrimonios por la mala gestión seguro que pondrían mucho más cuidado.

Lo que ocurre en la actualidad es que cualquier directivo de las empresas militares españolas:

  • no está sometido a críticas públicas porque no la prensa, ni los partidos políticos les ponen en cuestión,
  • no hay control parlamentario de las actividades armamentísticas del Estado español, ni de la industria militar privada,
  • la opinión pública vive de espaldas a la mortífera y antiética industria militar española, hay que recordar que somos el 7º exportador de armas del mundo.  Y sólo cuando la opinión pública cambie de comportamiento empezarán a hacerlo los medios de comunicación de masas y los partidos políticos.

Así, en conclusión, se encuentran conque pueden hacer lo que se les antoje y las veces que quieran porque nadie les va a criticar y los gobiernos del PP y del PSOE les van a apoyar.

3.-  La verdadera alternativa:  renunciar a la fabricación y comercialización de armas.

Como veíamos antes, las sanciones económicas no aflojan, siquiera, el nudo gordiano de la industria armamentística.  La única alternativa real sería acabar con ellas para no estar viendo todos los meses en los periódicos que nos vemos implicados con armas de fabricación española en las diversas guerras del mundo.

 

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