¿La venta de armas se salta la legalidad?

Imagen de Kurtxio

 

Comentábamos en un artículo previo  que nos parecía advertir un mecanismo muy artero que tenía como consecuencia saltarse la ley sobre control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso. En concreto el Real Decreto-ley de 25 de mayo de 2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, en concreto de su Título II sobre «apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa».

1.-  El que hizo la ley …

El Ministerio de Economía y Competitividad tiene una Secretaría de Estado de Comercio en la cual se informa de las peculiaridades sobre la exportación e importación de material de Defensa y de Doble Uso.  Existe una La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) que se constituyó en 1988 y se reúne una vez al mes, con representación del Ministerio de Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Interior e Industria.  Esta Junta es la que concede autorización para la venta de armas al exterior.  Por ley la JIMDDU tiene que velar por el cumplimiento del Código de Conducta de la UE, código que ha quedado recogido por la misma Ley. Este código establece que no deben venderse armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los Derechos Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado, según Melero y Font en un artículo de 2007 que denuncia que sus deliberaciones y decisiones son secretas.  Esto deriva en falta de control social y parlamentario.

En la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso se dice, además, que el gobierno enviará semestralmente al Congreso de los Diputados la información pertinente sobre las exportaciones de defensa y de doble uso.  El encargado será el Secretario de Estado de Defensa y éste comparecerá ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.  Luego, la Comisión de Defensa emitirá un dictamen con recomendaciones de cara al próximo año, y Secretario de Estado de Comercio informará, en su comparecencia anual de las acciones derivadas de dicho dictamen.

2.-  … hizo la trampa.

La liebre nos saltaba con la noticia sobre la corrupción en Defex:

Los directivos de Defex y el mencionado Cueto maniobraron para desviar casi un tercio del importe del material militar pagado por el Gobierno de Angola. Al tratarse de un acuerdo intergubernamental, el contrato no pasó el control de la Junta Interministerial de exportación de material de defensa (Jimdef), que controla la exportación de armas y material de doble uso y rinde cuentas semestralmente al Congreso de los Diputados.

Imaginamos que a mucha gente se le pasó la gravedad de que, además de toda la corrupción de la que hablaba la noticia, se hubiesen saltado a la Junta Interministerial.  ¿Cómo era posible saltarse la ley y no pasar por el control de la Junta Interministerial y evitar informar al Congreso de los Diputados?

Nuestra primera idea, bastante ingenua, fue que existirían algunas excepciones a la hora de pasar por la revisión de la Junta Interministerial.  Por ello acudimos al Real Decreto-Ley que pretende ayudar al Ministerio de Defensa a vender más armas para buscarlo.

En dicho Real Decreto-Ley se argumenta que:

El título II añade un nuevo mecanismo de apoyo a la exportación a los ya existentes en el ordenamiento jurídico español. El mecanismo aprobado por este título pretende desarrollar las capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación. La inexistencia, hasta este momento, de mecanismos que permitieran una participación más activa del Ministerio de Defensa en la gestión de programas destinados a la exportación ha supuesto una desventaja competitiva para nuestra base industrial y tecnológica, la cual se ha visto obligada a competir en el mercado internacional en desigualdad de condiciones contra ofertas procedentes de bases industriales extranjeras que gozaban de un respaldo mucho más proactivo y eficaz ofrecido por sus Gobiernos de origen.
Las medidas que se aplican en este real decreto-ley y que, en definitiva, fundamentan la urgencia y necesidad de la norma, tienen como objetivo fundamental afrontar las carencias advertidas en esta etapa crucial para el sector español industrial de la defensa, caracterizada por la contracción del gasto español en este sector esencial de la actividad económica del país, el aumento de la demanda internacional de material de defensa, la
creciente competencia internacional en los procesos de adjudicación de grandes programas por ciertas potencias emergentes, y la existencia de un interés declarado y actual, por parte de las mismas, en que sea el Gobierno español su único interlocutor en procesos de adquisición de material de defensa que, teniendo en cuenta su envergadura, no admiten demora.

Además, se nos informa de la estructura con la que se harán las exportaciones:

La puesta en marcha de este mecanismo oscila sobre dos relaciones jurídicas; una horizontal, de Gobierno a Gobierno, entre el Gobierno solicitante y el Gobierno español, y una vertical, entre el Gobierno español (por medio del Ministerio de Defensa) y una o más empresas suministradoras.La relación horizontal, se asienta sobre la celebración de un contrato entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, tal y como se prevé en el artículo 7.1.g) de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. En virtud de dicho contrato, el Gobierno extranjero solicita al Gobierno de España que realice todas las actividades de gestión precisas para que un determinado material o tecnología de defensa le sean transmitidos por un contratista español. El negocio jurídico del mandato inherente a dicho contrato tiene las ventajas de que el bien suministrado no se integra en el patrimonio de las administraciones públicas, de que no se modifica la normativa vigente en materia de control del comercio exterior de material de defensa y que permite transmitir de manera directa entre los contratistas y el Gobierno extranjero las responsabilidades y riesgos derivados de los contratos.
Por su parte, la relación vertical se desarrolla mediante las actividades que, en virtud del encargo anterior, realizará el Ministerio de Defensa en el tráfico jurídico interno aplicando los mecanismos vigentes de contratación administrativa del sector público, así como el régimen de control de la gestión económico-financiera y el régimen sancionador previstos en la normativa presupuestaria.

Es decir, parece ser que todo deriva de la necesidad de seguridad que tendrían los presuntos compradores de armas de tratar no con una empresa sino con un gobierno.  Por ello, el Estado español, siguiendo el ejemplo de otros como Estados Unidos, se interpone entre comprador e industria armamentística española para gestionar con su seriedad y solvencia habituales la venta de armas con beneficio para las dos partes y sin lucrarse en nada.  Nos pareció entonces que las intenciones del gobierno, representados por el vendedor de armas Morenés, no eran otras que primar el comercio armamentístico español y con ello, potenciar su megalómana idea de crear un polo militar industrial español potente.

Sin embargo, lo que ahora parece también, es que lo que busca la venta de armamento «gobierno a gobierno» es eludir el control y las preguntas indiscretas que podrían venir por la obligación de que las armas y material de doble uso vendidos desde las empresas, eludiendo la obligación de informar a la Junta Interministerial de conseguir la autorización y de que, además, de paso, se eluda la información que el Secretario de Estado debe dar al respecto ante el Congreso de los Diputados.

¿Podría ser que algún diputado preguntara por tan enojosos y jugosos contratos que no tienen por qué cumplir con tanto trámite y escrúpulo?. Lo más seguro es que no, pues la mayoría militarista de la diputadesca es aplastante y las preguntas que se formulan, más bien, tienen que ver con aspectos menos enjundiosos. Pero cabe el riesgo.

Un ejemplo práctico: Los tanques de Arabia Saudí.

 Pongamos por caso el más controvertido, a nuestro modo de ver, que es el de la venta «estado a estado» que se está cocinando entre España  y Arabia Saudí de 250 tanques Leopard fabricados en España y que el reino saudí quiere comprar.

Debemos aclarar que previamente se los quiso comprar a Alemania, país de donde procede la patente de los tanques, aunque el Parlamento alemán no autorizó el negocio por las características poco santas del comprador.

Al parecer, al Gobierno español la operación no le parece tan poco ética como a los alemanes y, ante la perspectiva de lograr un negocio redondo de más de 2.000 millones de euros, ha hecho lo posible por solventar las posibles objeciones. ¿cómo? Pues pidiendo a los alemanes la autorización de venta, por una parte, y creando la norma que permite la venta «país a país» para eludir los controles.

Arabia Saudí es un muy buen cliente para España. No en vano, como explica otra noticia, ha reportado suculentos beneficios a DEFEX, la comercializadora de armas del ejército

En sólo un año, en 2012, ha multiplicado por tres sus beneficios, ha realizado ventas por valor de 95 millones de euros, ha suscrito contratos por 50 millones y ha completado el ejercicio con una cartera de pedidos de 173 millones, convirtiéndose Arabia Saudí en el principal cliente de España en el sector

 

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