Programas Electorales (IV): El gasto militar

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 Programas electorales (I):  por qué debatir seriamente las cuestiones de Defensa.

Programas electorales (II):  qué defender.

Programas electorales (III):  ¿cómo defender?

Uno de los capítulos más importantes de la estructura de la defensa es el de los recursos que se destinan a ésta.

Las características del actual sistema de defensa español hacen que el entramado de instituciones, instalaciones, material, infraestructuras, redes, personas, etc. que soportan la preparación de la defensa militar cuesten al erario público anualmente una cantidad desorbitada de dinero. En 2014 la estimación que hemos realizado desde Utopía Contagiosa  llega a la conclusión de que el gasto militar español para este ejercicio será de será de 27.659 millones de euros, muy por encima del presupuesto destinado a cualquier otro ministerio, y sobre todo, muy superior a los 5.745’77 millones de € que gastará el Ministerio de Defensa y que nos quieren vender como el único gasto militar.

Esta cantidad, si seguimos con el caso español, soporta el pago y la prestación de diversos servicios asistenciales para 3.316.535 personas, y se financia con recursos públicos distribuidos en 12 de los 13 ministerios existentes, así como con la aportación de recursos extraordinarios con cargo a créditos y emisiones de deuda.

¿Se destinan muchos o pocos recursos a la defensa?  En parte dependerá de la importancia que se quiera dar a estas políticas y de los objetivos y metodologías que se busca realizar. Por ilustrar más esta afirmación, no es lo mismo destinar 27.659 millones de euros para la defensa de la seguridad humana en base a promover el desarrollo sostenible, la lucha contra la violencia estructural o en favor de condiciones educativas, sanitarias, de vivienda y justicia dignas, que hacerlo para procurarse un ejército capaz de intervenir a miles de kilómetros para garantizar las rutas comerciales, el predominio en la adquisición de materias  primas o las posiciones de mercado del capitalismo o las multinacionales españolas.

Es curioso que, siendo de la magnitud que es el presupuesto de defensa español, y teniendo en cuenta la opacidad y falta de control real de las partidas destinadas a éste, los programas de los partidos políticos al uso no destinen siquiera un mínimo de su agenda a éstos y que las propuestas que los partidos con representación en el parlamento hacen respecto de los presupuestos sean tan pobres en cantidad y calidad.

En todo caso, apuntamos aquí algunas de las cosas que, en nuestro criterio, deben ser parte del debate acerca de la  política de defensa en relación con los presupuestos:

a) Coherencia

La primera gran pregunta a desarrollar es la que tiene que ver con la coherencia del dinero y esfuerzo destinado al gasto de defensa con los objetivos y metodología de defensa por la que apostamos y por el modelo de sociedad al que queremos acercarnos.

La pregunta, en el desglose presupuestario, nos permite determinar si la política de personal, uno de los capítulos principales del presupuesto, es acorde y coherente con la idea de defensa por la que apostamos.  Es decir, si queremos defender la sanidad, educación, empleo, etc., ¿para qué gastamos dinero en los militares?  También nos permite preguntarnos por las políticas de adquisición de armas, tanto en su cuantía total, como en el tipo de armamentos que se financian (de proyección o ataque a miles de kilómetros, defensivo, etc) . También por el resto de partidas y sus destinos.

La pregunta por la coherencia implica un análisis riguroso de los presupuestos militares vigentes y, dado que las políticas presupuestarias son un instrumento para la realización de las políticas que queremos desarrollar, la propuesta de una política presupuestaria en materia de defensa (por ejemplo de reducción de gastos en determinados capítulos, de incentivación de determinados gastos, etcétera) pude ser un instrumento de transformación de la política de defensa y uno de los principales test de validación de la veracidad de las propuestas que queremos desarrollar.

Por poner un ejemplo, el conjunto de los estados de la U.E. mantienen un gasto militar que supera con creces los 200.000 millones de euros y mantiene una fuerza militar de más de 6.000.000 de personas disponible, y de esta cantidad una partida muy significativa se destina a intervenciones militares en el exterior (de las que la U.E. ha hecho 35 y los países por libre varios centenares), bajo paraguas de la OTAN o de la U.E. La U.E. destina presupuestos específicos a intervenciones militares en el exterior, mantiene y financia una política de fronteras altamente militarizada, cuenta con un estado mayor, cuarteles generales, una agencia de espionaje, una agencia de defensa y varias instituciones de planeamiento y actuación militar, todo ello pagado por presupuesto comunitario. Aparte de ello destina fondos de i+d+i a la industria militar (una boyante industria europea que exporta armas y conflictos por valor anual superior a los 115.000 millones de dólares).

Pues bien, no decir qué se pretende hacer con todo esto, qué gasto es aceptable o qué gasto hay que reducir o transferir al cacareado mantra del «rescate de los ciudadanos» supone hablar de forma meramente retórica en materia de gasto militar y política de defensa. Desconfíen de quienes apuestan por la paz pero no proponen como desmilitarizar la defensa actual ni cómo luchar contra la violencia estructural y cultural interna en Europa y que provocamos hacia los de fuera.

b) Eficacia: 

El criterio de eficacia responde a la pregunta sobre el correcto uso y administración de  los fondos. La existencia de duplicidades, de ineficiencia en la gestión, de gastos innecesarios, etcétera, es acusada en la estructura militar, como también lo son las frecuentes noticias de corrupción y de derroche y gasto superfluo y caprichoso.

La pregunta por la eficacia se refiere a la necesidad de que cada euro gastado en cada partida concreta tenga una justificación racional suficiente y reporte un retorno, en términos de bien público, adecuados. En el ámbito militar estos criterios son más que discutibles, tanto en lo que se refiere a la racionalidad como al retorno en términos de bien público, sin contar con la enorme losa que la deuda militar creciente genera (por ejemplo, en el caso español, el gasto aplazado que arrastra el estado por la adquisición de programas sofisticados de armas que ni siquiera desde la perspectiva militar son adecuadas a las necesidades hipotéticas de defensa, es de cerca de 30.000 millones de euros, gasto que repercute de forma muy negativa tanto en la economía general como en la dinámica de necesidades sociales que no pueden ser cubiertas por la opción política de nuestra élite extractiva de supeditar las necesidades sociales al gasto militar).

c) Transparencia:

Otra de las características del gasto militar es la de su opacidad. En general los estados ocultan gran parte del gasto militar que mantienen, pues lo consideran un gasto impopular y poco decente.

Si nos atenemos al caso español, el que tenemos posibilidad de conocer mejor a poco que queramos (y lo cierto es que hasta la fecha los partidos han querido poco o nada), éste se esconde en doce de los trece ministerios, oculto en partidas bastante difíciles de computar. Además sus incrementos «extrapresupuestarios» (en realidad una forma de engañar al contribuyente, porque se le dice que el gasto será uno, pero anualmente aparece otro enormemente superior) elevan considerablemente la cifra precisamente para financiar las partidas menos aceptadas por la sociedad (compra de armas y financiación de intervenciones militares en el exterior).

La falta de transparencia del gasto militar cumple además la función de falta de control radical del militarismo y se encuentra en consonancia con el resto de la política militar, no sometida a control efectivo.

El posicionamiento acerca de la absoluta transparencia del efectivo gasto militar es una condición indispensable para el saneamiento democrático de esta materia, sustraída a la opinión público y a la propia soberanía popular y delegado a expertos por otra parte bastante interesados en el mantenimiento del militarismo y del complejo militar industrial.

d) El quantum del gasto:

Conforme venimos señalando, la pregunta a realizar respecto del gasto militar es tanto por el cuánto, como por el para qué de ese gasto. No basta con pedir un determinado nivel de gasto de defensa, sino que hace falta articular el uso de tal gasto para orientar determinadas políticas.

e) ¿Cañones o mantequilla?:

En relación al gasto militar se debe señalar que éste es un gasto de enorme inutilidad social, dado que no aporta ningún valor tangible y, según nuestra opinión, tampoco promueve la seguridad que aparentemente lo justifica.

La idea, ya tratada de seguridad humana, exige la promoción de derechos, iniciativas sociales y un modelo de organización difícilmente compatible con el militarismo y que busca distribuir recursos par atender a cosas como la paulatina reducción de la brecha norte-sur,la solidaridad entre los pueblos, la lucha contra la violencia estructual, el respeto por la diversidad y la naturaleza, la conquista de los derechos, la atención a las necesidades básicas de las sociedades, la profundización en la democracia no delegativa y sustancial, etcétera.

Es evidente, y en época de crisis la evidencia es monumental, que el gasto militar no sólo no ayuda a la consecución de ninguno de estos propósitos, sino que, en la medida en que los recursos son escasos, la inversión militar implica la desinversión social.

Cañones o mantequilla, la gran pregunta, nos permite situarnos en un determinado lugar en la apuesta por un modelo de defensa militarista o no militarista.

f) El transarme.

Al respecto, como hemos dicho, cualquier política exige un orden lógico que va desde los objetivos y fines a las medidas para conseguirlos, y en la que la administración y distribución de los recursos es esencial.

El presupuesto puede por tanto ser un instrumento de innegable valor para desarrollar una política y, en nuestro caso, para promover una alternativa al gasto militar.

El transarme exige una política de gasto determinada y claramente definida de desmilitarización de la defensa, mediante una reducción paulatina de los recursos destinados al militarismo, el trasvase de aquellos que sean posibles a fines socialmente necesarios y justos, la desaparición y abolición de otros, y el desarrollo de un modelo alternativa de defensa.

Sin entrar en este capítulo a valorar otros aspectos del trasnarme, que dejamos para una siguiente entrega, las propuestas alternativas en política de defensa respecto del gasto militar deberían apostar por:

  • Exigir la transparencia del gasto de defensa
  • Exigir que éste no se distribuya en diversos ministerios, organismos u otros artificios que dificultan su conocimiento y control
  • Dotarse de mecanismos de control estricto de aquél
  • Analizar su eficacia y luchar contra la corrupción, el despilfarro y los desmesurados intereses del complejo militar industrial
  • Apostar claramente por un enfoque social en detrimento de los cañones
  • Promover la gradual reducción del abultado gasto militar y su transferencia a necesidades sociales justas
  • Utilizar la política presupuestaria para promover una gradual sustitución de los mecanismos militares de la defensa por una defensa social y para lograr la desmilitarización de la defensa.
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