¿Se militariza el enfoque de la inmigración y de las fronteras?

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Fuente: El País.

La actual situación de la inmigración en Europa y las políticas tanto estatales como comunitarias hacia ésta es uno de los test en los que se comprueba la falacia de una Unión Europea basada en los derechos humanos. Para empezar, ni la UE ni ninguno de los países que la pueblan, ha aprobado la Convención Universal de Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias y en general, aplican políticas cada vez más restrictivas y escandalosas.

Que la inmigración no es un derecho, sino una especie de condena a la que se ven sometidos millones de seres humanos por la vigencia de un modelo global de violencia estructural es algo que no necesita mucha demostración. Reivindicar políticas que hagan de la inmigración un derecho efectivo pasaría, para no practicar un cinismo etnocéntrico de personas bienpensantes o una especie de paternalismo de tribunos de los nadie, por luchar contra la violencia estructural que impone a millones de personas la inmigración como una, o la única, salida personal, porque tan esencial como el derecho a emigrar debe ser el derecho a no tener que hacerlo.

Desde este punto de vista, la lucha por un Derecho Humano de los Inmigrantes en cuanto tales debe acompañarse de la lucha contra las estructuras de opresión que consolidan el status quo actual y por la transformación radical de las relaciones entre los pueblos.

Pero además la inmigración pone en solfa las promesas de derecho que hacen nuestros estados en su panoplia argumental como legitimación del poder vigente, pues el no respeto de estos a los de fuera, la aplicación de normas de doble rasero y poco respetuosas con la dignidad humana, la preponderancia de las razones de estado y de los intereses populistas y el acompañamiento de instrumentos militares y paramilitares que «militarizan» el abordaje de la inmigración y las fronteras, no hacen sino confirmar que, igual que en otras materias, nuestros honrados políticos y el orden consagrado prometen con una mano lo que quitan con la otra.

Más que de Derecho de Inmigración deberíamos hablar de garantías para poder tener un derecho, y estas garantías incluirían y justificarían en nuestro criterio la desobediencia y la lucha contra las leyes perversas que padecemos en esta materia.

¿Cabe un planteamiento de la política migratoria «alternativo» al vigente?

De momento no se ve otro horizonte claro y lo más que podemos aspirar, según nos dicen, es a un trato «reformista» y menos riguroso hacia los inmigrantes de carne y hueso. De este modo, señala el País,

«Los ministros del Interior comunitarios se reúnen hoy en Bruselas con un programa controvertido que evidenciará el choque de posturas: recomendaciones del Ejecutivo comunitario para abrir los canales de inmigración legal —frente a las medidas represivas—, petición expresa para que acepten a más refugiados sirios y negativa rotunda a la llamada que lanzaron Reino Unido y Alemania para limitar la libre movilidad en la UE.»

Un mejor trato no es en realidad un cambio de política sino una humanización de la política vigente. Un parche que afloja la presión pero que se sitúa en el mismo paradigma global que hace de la inmigración un hecho incómodo y de los inmigrantes que aspiran a entrar en Europa unos tipos a los que hay que retener lo más posible al otro lado de las fronteras.

De ahí que el ejemplo de Lampedusa no haya llevado a los Estados a buscar un efectivo cambio estructural para acoger a los inmigrantes de forma distinta y para cambiar las condiciones que les obligan a marcharse, sino a promover mayor coordinación policial para impedir la salida de embarcaciones con rumbo a Europa, porque las personas en esa política inhumana no importan nada.

Con todo, un cambio en la situación actual sería mejor que lo que ahora tenemos. Se busca incentivar la inmigración legal para provocar un círculo virtuoso allá donde las políticas represivas muestran cómo una mayor represión no hace sino erosionar más la cohesión social, generar conflictividad, impulsar las mafias asociadas a la ilegalidad, consolidar un estado de cosas injusto y provocar un círculo pernicioso. Algo es algo, pero ni así se asume por los ricos europeos.

La política de la Unión Europea mantiene mecanismos indeseables, como son Frontex o el recientemente creado sistema Eurosur, cuenta con un «fondo de retorno» encargado de patrocinar la expulsión (que no el retorno) de los extranjeros, patrocina centros de internamiento carcelario de inmigrantes y aplica directivas restrictivas y unilaterales, sin contar con las condiciones económicas que impone a los países «expulsores», con la venta de armas a éstos y un sinfín de prácticas que sirven para aumentar la brecha de injusticia de la que somos cómplices. Y eso no va a  cambiar. Más bien, el efecto de las políticas de la Unión acentúa y coordina las políticas militarizadoras de las fronteras y de la inmigración que practican los Estados europeos, los cuales a su vez aplican políticas que hacen de la inmigración un problema de orden público y se niegan a trabajar en las causas propias que generan el estado mundial de desorden y la respuesta migratoria asociada a éste.

Pero ocurre que la gente, con sus decisiones particulares, desborda una y otra vez las respuestas, por más que quieran coordinarse, de las leyes y los Estados, poniendo patas arriba las pretensiones de una política migratoria que está basada en negar el conflicto migratorio en su aspecto estructural y en buscar la calma, no la transformación del mismo.

No esperamos nada bueno del devenir de estas políticas. Nada cambiará si no obligamos al cambio, pues el actual status quo beneficia a quienes ostentan el poder y la fuerza. Sólo la lucha social coordinada y con pretensión de dañar al poder inhumano, llevada a cabo por los nadie y por quienes de verdad queremos hacer algo más que proclamar derechos vaporosos, podrá llevar a cambios eficaces. Un movimiento social de inmigración que luche contra las políticas tanto de los estados expulsores como de el occidente y que luche por un mundo sin fronteras e inclusivo, donde no haya «extranjeros» sino personas, podría servir de aldabonazo a un cambio más radical. Y en esta lucha el antimilitarismo puede también aportar su granito de arena.

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