El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abre diligencias a Sánchez Gordillo por ocupar una finca militar

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Fuente: El País

Fue en verano de 2012 cuando jornaleros del SAT ocuparon la finca militar de las Turquillas, en Osuna (Sevilla) para dar un toque de atención sobre los efectos de la crisis y la insolidaria ocupación de la tierra por parte del ejército.

Ese acto tuvo lugar poco después de las otras acciones noviolentas encabezadas por el SAT en supermercados, las cuales nos dieron una verdadera lección de lucha social y de honradez política a todos y desenmascararon no pocos comportamientos políticos tradicionales, de esos que no sólo no nos representan, sino que pretenden representar al poder descarnado con todas sus vergüenzas frente y por encima de la gente.

La acción de Sánchez Gordillo y los activistas que ocuparon la finca militar ponía el dedo en la llaga del papel que tiene en este proceso de empobrecimiento de la sociedad y de enriquecimiento de los que mandan, el ejército, uno de los principales terratenientes del Estado, que teóricamente está ahí para defender a la sociedad y no para someterla.

La acción, a todas luces legítima, utilizó las metodologías noviolentas e indicó un camino de la acción política que los políticos tradicionales rechazan. ¿Será por eso por lo que se les ve el plumero, se desvelan sus intereses extractivos y por lo que la sociedad desconfía de ellos? El propio presidente de la Junta de Andalucía calificó la acción de barbaridad (calificativo que nos parece a nosotros de un cinismo inmenso) y un alto dirigente de IU dijo que compartía el fondo pero no la forma (lo cual es rizar el rizo de la hipocresía), de modo que quedó claro el límite de nuestros bienpensantes políticos oficialmente de izquierdas y de sus propuestas de cambio (cambiazo más bien).

Ahora un juez andaluz quiere procesar a los activistas de la noviolencia por usurpación y los ha citado a declarar el 4 de abril.

No es por nada, pero, hablando de usurpación, podríamos indagar cómo adquirió la finca aquella el ejército, en qué condiciones, para qué fines y preguntarnos si su título es justificable hoy en día, con lo que está cayendo, o si no va a ser hora de que los ejércitos se desprendan de su patrimonio para devolvérselo a la sociedad precisamente ahora.

No nos imaginamos que el juez sea tan crédulo como para pensar que Gordillo y los otros ocupantes tenían intención de usurpar nada, y no más bien de ejercer de forma novedosa y visible la crítica al sistema inamovible de privilegios que nos machaca.

Esperamos que el día que los activistas del SAT declaren ante el juez no nos salga ningún otro interesado en defender los intereses de los señoritos justificando la represión a la lucha social. De hecho, si actuar como éstos es delito, muy mal podemos hablar de una ley que sirve sólo a los poderosos.

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