Nuestro socio «democrático» Arabia Saudí.

Fuente: Infodefensa.

¿Han oído hablar de la colaboración «público-privado» que propugna el nuevo modelo neoliberal en boga? ¿Y de la colaboración «civil-militar» que propone nuestra política de defensa cuando se refiere a la venta de armas? ¿Y de la ayuda y solidaridad entre estados amigos, aunque uno de ellos no sea, precisamente, un pais respetuoso de los derechos humanos?

Pues les vamos a contar un ejemplo típico de esta triple alianza de intereses, donde el Estado español promueve el negocio para una empresa privada de venta de armas ayudando de paso a un Estado amigo no precisamente muy respetuoso con los Derechos Humanos.

La empresa española se llama Uro y su negocio es, según sus propios papeles «es una empresa del sector de automoción dinámica, moderna y con una trayectoria siempre ascendente, cuyas actividades son el diseño y la fabricación de vehículos especiales todo terreno, con una extensa gama de aplicaciones en muy diferentes sectores de actividad tanto industriales como militares.»

URO factura anualmente cerca de 30 millones de euros en venta de estos vehículos, y cuenta con menos de 150 trabajadores y ha colocado sus camiones blindados militares (principalmente la versión VAMTAC), además de al ejército español, en países tan curiosos como Marruecos, Malasia, Angola o Ghana, así como en escenarios de guerra abierta como Afganistán, Kosovo, Irak, República Democrática del Congo o Líbano.

Vayamos ahora al país agraciado con la getión del mInistro de Defensa para promover la expansión de los nuevos negocios de Uro: Arabia Saudí es un país islámico, con régimen de monarquía absolutista y que se caracteriza, hasta ahora, por su escaso interés por los derechos humanos, si hacemos caso de organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o Human Rigths Watch. Sus tribunales, en aplicación de la ley islámica, imponen penas corporales por la comisión de diversos delitos, como puede ser el caso de la amputación de miembros, cremación con ácido, azotamiento, ahorcamiento y otros igualmente impresentables.

El régimen saudí, a su vez, ha impuesto la segregación sexual, la represión de las ideologías o creencias diferentes, un trato degradante a los trabajadores no cualificados de origen extranjero y un régimen de represión política y económica significativa.

Sin embargo, y eso tal vez explica muchas cosas, es un aliado importante de las potencias prooccidentales en la región y es la segunda reserva mundial de petróleo en el mundo.

Es a este régimen y a sus fuerzas militares y policiales a quien el Ministro de Defensa está ayudando a comprar vehículos blindados de Uro.

Nosotros nos preguntamos ¿Para qué querrán las autoridades saudies estos vehículos probados en diversos conflictos bélicos? ¿Sera posible que se usen contra las aspiraciones de derechos humanos de su población reprimida? ¿Los usarán contra los pueblos vecinos, en un contexto regional de extrema peligrosidad militar? ¿No le importa esta posibilidad a la empresa URO, ni al gobierno español? ¿Da igual a quién se vende y para qué va a hacer uso de lo vendido, con tal de hacer negocio?

¿Y no colleva graves responsabilidades políticas para la política exterior española el potenciar a una dictadura como la Saudí?¿No debería responder por ello el Ministerio de Defensa, que se ha manchado las manos en promover este negocio?

¿En que gana nuestra sociedad con este negocio?

El ministro y las autoridades saudíes se han reunido, “en una extensa y cordial reunión, exploraron las diferentes alternativas que están siendo evaluadas desde Riad para el suministro de carros de combate para su Ejército”.

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